Cómo reducir las barreras que frenan la inclusión financiera digital en América Latina

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Por Diana Mejía, especialista Senior en Desarrollo Productivo y Financiero de CAF –banco de desarrollo de América Latina. Fue Directora de Educación Económica y Financiera y Directora de Comunicación Institucional del Banco de la República (Banco Central de Colombia), entre otros cargos. Es Economista y Magíster en Economía de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia y Máster en Administración Pública de la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard.

La innovación tecnológica ha traído consigo nuevas tendencias en el mundo financiero, entre ellas las fintechs, tecnológicas que se han posicionado como una alternativa de bajo costo y abiertas a atender las necesidades de la población, incluso de los más vulnerables.

El sector fintech en América Latina y el Caribe ha ido creciendo rápidamente y gran parte del segmento tiene un enfoque en inclusión financiera. Una muestra de ello es que el 40% de las startups fintech de la región atienden como a su principal cliente a pymes no bancarizadas o sub-bancarizadas, de acuerdo con el monitoreo de Finnovista.

Como toda innovación, las fintechs han logrado mostrar en cortos periodos de tiempo su capacidad para integrar actores, cambiar esquemas y diseñar nuevos productos acordes a las necesidades de sus clientes, especialmente para aquellos que no han tenido acceso al sistema financiero.

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el objeto de cerrar las brechas en inclusión financiera, CAF – banco de desarrollo de América Latina- ha desarrollado el Laboratorio de Inclusión Financiera (LIF), el que busca identificar a las mejores iniciativas fintech en América Latina en materia de inclusión financiera de colectivos vulnerables y mipymes.

Aun cuando las fintechs constituyen una importante oportunidad, para lograr una mayor inclusión financiera digital en la región, es necesario diseñar e implementar medidas integrales que incluyan respuestas de política desde la oferta y la demanda, al tiempo que se atiendan las posibles barreras que pueden dificultar el uso de los servicios financieros digitales.

Por un lado, se deben implementar políticas del lado de la oferta que garanticen la existencia de infraestructura y cobertura para el uso de nuevas tecnologías. Conjuntamente, deben existir marcos regulatorios que promuevan la competencia y eficiencia en el sector de las telecomunicaciones para lograr que los precios de uso de datos sean asequibles y competitivos. De igual forma debe suceder con el sector financiero y los distintos actores que ofrecen los servicios financieros digitales: tanto la banca tradicional como las fintechs, de manera que los precios y comisiones para el uso de estos servicios sean competitivos y asequibles para toda la población.

Con relación a la infraestructura de telecomunicaciones y conectividad, es importante asegurar que las poblaciones en zonas remotas tengan acceso a redes de conexión que les permitan acceder a los servicios financieros digitales. Lo mismo debe ocurrir del lado del sector financiero y los distintos actores que ofrecen los medios digitales para las transacciones financieras, tanto la banca tradicional como las fintechs.

Por otra parte, los países de la región deben promover marcos regulatorios adecuados con el objeto de lograr los múltiples objetivos de los formuladores de políticas de inclusión financiera: estabilidad e integridad financieras y protección al consumidor. Esta regulación debe proteger a los consumidores e inversionistas, garantizar una competencia sana y proteger contra los riesgos de estabilidad financiera e integridad.

De igual manera, los responsables de la formulación de políticas también deberán considerar enfoques novedosos para garantizar una supervisión y regulación de alta calidad, respaldar el uso seguro de tecnologías innovadoras y, al mismo tiempo, garantizar que la regulación sea proporcional a los riesgos existentes. En esta medida, es importante adaptar los marcos regulatorios con el objeto de que logren el equilibrio adecuado entre permitir la innovación financiera y abordar los desafíos y riesgos para la integridad financiera, la protección del consumidor y la estabilidad financiera.

Por su parte, las políticas de ciberseguridad son fundamentales para salvaguardar los derechos de los ciudadanos en el ámbito digital, tales como la privacidad, la propiedad, así como para aumentar la confianza de los ciudadanos en las tecnologías digitales, y que estos puedan sentirse cómodos accediendo a dichas tecnologías.

Del lado de las políticas de demanda, fomentar las capacidades financieras y los marcos de regulación de protección al consumidor financiero es fundamental, más aún pensando en el creciente número de personas en situación de vulnerabilidad que han sido incluidos en el sector formal mediante productos y canales digitales a raíz de la pandemia. En ese sentido, es clave diseñar e implementar programas de educación financiera que incentiven el buen uso de los servicios financieros digitales a la vez que promueven conductas financieras responsables.

MICROCRÉDITOS

También debe darse especial atención a la necesidad de fomentar las capacidades y conocimientos digitales de las poblaciones más vulnerables y que han estado tradicionalmente excluidas del sistema financiero.  En este sentido, es importante que las políticas públicas de inclusión financiera contemplen el fortalecimiento de capacidades digitales, no solo las financieras. 

El fortalecimiento del ecosistema financiero digital enfocado en mipymes es clave para la recuperación de la crisis del COVID-19. Una de las tendencias que se ha visto en el contexto de la pandemia ha sido la profundización de microcréditos a través de fintechs. En un contexto en donde la capacidad de pago de las empresas se ha visto comprometida, muchas de estas recurrieron a mecanismos alternativos para cubrir sus necesidades de capital de trabajo. Se prevé que esta tendencia se mantenga, por lo que es importante preparar el terreno para que las mipymes cuenten con las capacidades financieras y digitales para garantizar un uso responsable de los servicios financieros digitales.

Por último, es necesario tener presente las distintas aristas y dimensiones de la digitalización financiera empujadas por la pandemia del COVID-19, para que esta se traduzca en realidad en una mayor inclusión y un mayor bienestar financiero para la población. Si no se mantiene esta visión integral, las iniciativas podrían no traducirse en los resultados esperados y las brechas existentes, así como la vulnerabilidad financiera de la población en la región, ya de por sí alta, podrían exacerbarse.

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