Chile está instalando cargadores para vehículos eléctricos a una velocidad inédita. En su Reporte Nacional de Infraestructura de Recarga para Vehículos Eléctricos 2026, difundido hace unos días, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó que cerramos 2025 con 5.245 cargadores públicos y privados, frente a apenas 24 que había en 2018. Solo durante el último año el crecimiento fue de un 76%.
Por supuesto, son cifras que vale la pena celebrar. Pero también deberían llevarnos a hacernos una pregunta algo incómoda: ¿estamos construyendo una mejor red de carga o simplemente una red con más cargadores?
Un cargador instalado no necesariamente es un cargador disponible cuando alguien lo necesita. Tampoco significa que esté bien ubicado, que funcione correctamente, que sea sencillo pagar por utilizarlo o que el conductor pueda saber de antemano si estará disponible cuando llegue.
Hasta ahora hemos tendido a medir el avance de la infraestructura de electromovilidad contando solo los puntos de carga instalados. Era razonable en una primera etapa, cuando el desafío fundamental era construir una red que prácticamente no existía. Hoy necesitamos comenzar a medir algo más difícil, pero también más importante: qué tan bien funciona esa red.
Eso implica mirar indicadores como disponibilidad efectiva, success rate (tasa de cargas exitosas), utilización, cobertura territorial, velocidad de carga e interoperabilidad. También la experiencia de quien conduce. Porque podemos duplicar el número de cargadores y, al mismo tiempo, construir una peor experiencia si para utilizarlos necesitamos distintas aplicaciones, registros y medios de pago según el operador, o si un conductor llega hasta un punto que aparece disponible digitalmente y descubre que en la práctica no puede cargar su vehículo.
También importa dónde están. Aunque ya existe infraestructura pública en todas las regiones, a comienzos de este año el diagnóstico oficial mostraba que 77% de los cargadores públicos se concentraba en la Región Metropolitana y que 216 comunas del país aún no contaban con ningún punto de carga. El desafío, por lo tanto, no consiste simplemente en sumar unidades, sino en construir una red que permita desplazarse con confianza.
Chile está dando pasos importantes en esa dirección. La Plataforma de Interoperabilidad de la SEC permite reunir información de los puntos de carga públicos sobre su ubicación, características técnicas, medios de pago, precio y, en tiempo real, el estado de los cargadores y sus conectores. Es un avance relevante porque reconoce algo fundamental: una red de carga es mucho más que la suma de sus cargadores.
La interoperabilidad debería permitir que la infraestructura funcione crecientemente como un ecosistema y no como una colección de islas. Para el usuario final, la tecnología que existe detrás debería ser casi invisible. Nadie debería necesitar conocer qué empresa desarrolló el software de un cargador o cómo se comunica con otro sistema para poder cargar su vehículo. Debería bastar con llegar, conectarse con su app, pagar y continuar el viaje.
El desafío que viene, entonces, no es abandonar la expansión de la infraestructura. Todo lo contrario. Chile necesitará muchos más puntos de carga a medida que aumente el parque eléctrico: el Plan Maestro de Infraestructura de Carga Pública proyecta que hacia 2035 podrían circular cerca de dos millones de vehículos eléctricos en el país. Pero precisamente por esa escala futura debemos preocuparnos ahora de la calidad de la red que estamos construyendo.
La primera etapa de la electromovilidad podía medirse contando cargadores. La siguiente tendrá que medirse con métricas de confiabilidad, calidad de servicio, interoperabilidad y cobertura.
Porque el día en que un conductor necesite cargar su vehículo, poco importará cuántos miles de cargadores diga la estadística que existen en Chile. Le importará uno: el que tiene delante. Y que funcione.
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