Gracias a una enmienda aprobada en el Senado, se adelantará a junio 2023 la obligación de que estén disponibles conexiones de 100 megabits por segundo.
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la Ley General de Telecomunicaciones que, gracias a una enmienda aprobada en el Senado, adelantará a junio 2023 la obligación de que estén disponibles conexiones de 100 megabits por segundo (Mbps) en sentido descendente en todo el territorio para la prestación del servicio universal.
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La ley, que ha sido aprobada con votos a favor de todos los grupos de la Cámara excepto Vox, estaba contemplada como una reforma del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y transpone una directiva europea.
Previamente, el gobierno había establecido en su estrategia ‘España Digital’ que 2025 sería el año en que los 100 Mbps serían la velocidad mínima de conexión en toda España.
Otras de las novedades que introduce el texto legislativo es la reforma del servicio universal, que incluirá la conexión a internet, que deberá ser prestado por todos los operadores, así como mayores derechos para los usuarios y requisitos en materia de accesibilidad.
Fruto de su paso por el Senado, la ley obligará también a que los operadores presten atención al cliente en todas las lenguas oficiales del estado.
El servicio universal queda fijado a una velocidad mínima de 10 Mbps ampliables a 30 Mbps mediante un desarrollo reglamentario, que ya ha comenzado sus consultas, hasta la llegada de los 100 Mbps.
Asimismo, las cabinas salen del servicio universal y se abre la puerta a que se transformen en puntos de recogida de paquetes, puntos de internet o teléfonos de emergencia.
El diputado del Partido Popular, Mario Cortés, ha destacado en su intervención en el debate que se trata de “una de las pocas leyes” que han sido pactadas entre PP y PSOE durante la legislatura, lo que ha considerado “un triste balance”.
Por su parte, el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha destacado la importancia de la conectividad y los 100 Mbps simétricos (también de subida y no solo de bajada como establece la ley) en el ámbito rural y sus aplicaciones para ámbitos como la agricultura y la educación.