La directora del organismo del ministerio TIC colombiano conversó con Tekios sobre el plan piloto que usará tecnología blockchain para comprobar si la cadena de bloques es la gran llave para reducir la corrupción en el país.
Posición 92 entre 180 países. Un promedio de 39 puntos sobre 100 (0 es corrupción elevada; 100, ausencia de corrupción), un poco peor que el promedio global: 43. Así está Colombia según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2020, que mide los niveles percibidos de corrupción en el sector público.
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Un resultado que para algunos no representa una debacle, pero que para Aura María Cifuentes, directora de Gobierno Digital de Colombia (quien se ha especializado en transparencia, gobierno abierto y uso de nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), es un incentivo más que la convence de la importancia de elaborar políticas preventivas y no solo punitivas en materia de corrupción.
El plan piloto que dirige, y que buscará ser un aporte en la lucha contra este flagelo social, debido a los altos niveles de seguridad, confianza y transparencia que brinda la tecnología blockchain, es parte de ese convencimiento.
-¿Cómo se vincula el ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (TIC) de Colombia, y Gobierno Digital, con la tecnología blockchain?
-En Gobierno Digital tenemos mucha experiencia con guías, estándares, marcos, normatividad, etc., relacionadas al uso de tecnologías emergentes, para resolver problemas públicos. Y suele ocurrir que las entidades públicas digan ‘ya, pero que hago yo con eso’. O sea, les hemos dado el qué, el deber ser, pero no el cómo. Y este año, como se publicó la guía de uso de blockchain en el sector público, esta vez dijimos ‘no podemos quedarnos simplemente en sacar la guía, debemos llevarlo un paso más allá’.
Comenzamos a hablar con LACChain, de BidLab (el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y por nuestro lado miramos qué entidades públicas tenían proyectos donde esta aplicación tuviera sentido, y tenían la voluntad de experimentar. Así que nosotros estamos haciendo un poco como el ‘pegante’ entre las empresas y las entidades.
–Esta es una iniciativa piloto que durará entre 16 y 24 semanas.
-Así es, hasta 24 semanas, y para eso vamos a trabajar con las empresas Grupo Sabra, Extrimiam y Peersyst Technology, que son parte de LACChain; y en el caso de las entidades públicas, tenemos a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para la gestión del almacenamiento encriptado de la documentación y soporte del proceso de adjudicación de predios; con la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria (UPRA) tenemos un tema de trazabilidad de los precios de la panela; y con la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), mirar la implementación de blockchain para avanzar hacia un plan de notarías digitales.
-¿Qué esperan que resulte de esta experiencia piloto en Colombia?
-Luego del primer paso, que fue buscar a las empresa y entidades que tuvieran algún problema público donde blockchain puede jugar un rol de transparencia, trazabilidad, legitimidad, etc., este piloto nos va a permitir: uno, actualizar la guía que sacamos sobre la tecnología, porque el papel lo aguanta todo, y ahora vamos a poder sacar lecciones, saber si eso que quedó en la guía tiene sentido, si hay que ajustarla a los aprendizajes. Y lo segundo, como el sueño, ojalá estas entidades digan ‘lo que quiero montar ya es un proyecto de ejecución con recursos’, o que incluso el ministerio (TIC) financie, o los dos. Porque lo que suele suceder en América Latina es que, a pesar de que la tecnología suena súper sofisticada, todo el mundo está de acuerdo, pero como no se ha probado, pues hay mucho escepticismo, mucha resistencia, mucho miedo. Entonces, lo que sí queremos es documentar y hacer una buena gestión de conocimiento con esto.
REFORMA AGRARIA
-En el caso de la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria (UPRA), donde el piloto se enfocará en la trazabilidad de los precios de la panela, ¿cuál es el problema concreto que sufren los productores de Colombia, que se relaciona con la corrupción y que blockchain podría solucionar?
-El problema de la UPRA es que no tiene la trazabilidad de los precios en cada uno de los eslabones, en cada uno de los agentes de comercialización. Entonces, lo que queremos es implementar una solución de cadena de bloques que le permita a la UPRA poder hacer la trazabilidad y el monitoreo de cuánto sube o baja un precio, dependiendo del eslabón de comercialización en el que se encuentre. ¿Y eso que permite? Pues, obviamente, democratización de precios, que no se estén cobrando precios muy diferentes; que se pueda acreditar si la panela es orgánica o no, dependiendo también de la características del cultivo. En resumen, transparencia y competitividad.
-Cuénteme, por favor, sobre el problemas que desea resolver la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
-Acá se trata de resolver el aseguramiento de la gestión y trazabilidad de un almacenamiento encriptado. La ANT ha venido logrando tener una buena gestión documental de los soportes que el dueño de la tierra tiene que tener y proveer para la adjudicación de predios, y lo que la ANT quiere es mitigar riesgos de manipulación de la información. Porque se cambian los precios de los predios, se cambian los soportes que son exigibles. Y aquí es importante decir que la ANT tiene que hacer esto por medio de una sentencia de restitución judicial que le dice ‘usted tiene que buscar un sistema más tecnológico que el que tiene, que es muy… manual’.
-En un país tan extenso como Colombia, donde hay un Colombia profundo, esas zonas que se han relacionado en el último tiempo con la llamada reforma agraria, con los reemplazos de cultivos que fueron parte de los acuerdos para la desmovilización de las FARC, y donde los campesinos viven en constante inseguridad, ¿esta solución podría ser un guante a la mano?
-Totalmente. Colombia es un país muy extenso, un país que ha tenido un gran conflicto armado y donde, precisamente, uno de los cuellos de botella ha sido la restitución de tierras o la apropiación de esas tierras.
No podemos saber todavía cómo va a salir todo esto, porque es un piloto, partimos de una premisa, pero el objetivo es evitar que haya fraude en la adjudicación y en los soportes que se exigen para adjudicar los predios.
MONARQUÍA NOTARIAL
-Otra institución elegida por ustedes para someterla a los efectos de la blockchain fue la Superintendencia de Notariado y Registro, el Supernotariado. Interesante elección, porque en América Latina los notarios son parte de una suerte de monarquía inamovible, resistente al paso del tiempo, con privilegios de por vida. ¿En Colombia sucede igual? ¿Son una cofradía que se se protege, que se resiste a la transformación digital?
-Pasa igual en Colombia. El notariado ha sido siempre muy tradicional, muy manual. En esa cofradía hay prácticas que se vienen desarrollando hace muchos años. Por ejemplo, los pagos de documentos, el pago de cualquier tramite, se tiene ue hacer en efectivo. Y lo que estamos buscando, junto al Supernotariado, que es una entidad que controla a las notarías, es lograr digitalizarlas. Entonces, hace unos meses salió toda una regulación que busca que las notarías tengan que implementar sistemas de información, canales más virtuales, incluso racionalización de trámites. Todos los latinoamericanos que tenemos estos sistemas notariales sentimos que hay trámites que deberían desaparecer de las notarías tradicionales. ¿Por qué la notaría me tiene que autenticar un documento que ya es legal y legítimo? Por eso queremos identificar el impacto de implementar blockchain para autenticidad, fiabilidad, integridad, usabilidad e interoperabilidad de los documentos. Es decir, qué podemos optimizar, qué trámite, qué proceso se se puede hacer a través de blockchain.
-Imagino que el solo anuncio de un plan piloto como este, enfocado en la industria de las notarías, ya debe haber generado resistencias. ¿Qué han sentido desde la Dirección?
-Yo sé que la resistencia la ha sentido el Supernotariado, no nosotros, que son quienes han venido promoviendo la transformación digital de las notarías. Es un desafío para ellos, porque los notarios y notarias no están muy de acuerdo, porque el modelo les va a cambiar. Entonces, no podría decirlo, pero creo yo que, como ya se dio el paso reglamentario, esto simplemente (el plan piloto) es una cereza, porque la pelea dura ya se dio.
PREVENTIVO Y NO PUNITIVO
-Colombia está en la posición 92, entre 180 países, según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2020, que mide los niveles percibidos de corrupción en el sector público. Un lugar que lo desnuda como un país de mediana corrupción, donde falta mucho que avanzar. ¿Este plan piloto, con tecnología blockchain, es parte del objetivo principal de lograr un gobierno “abierto”?
-Muchísimo. Ahora yo estoy hablando como directora de Gobierno Digital, pero antes coordinaba el Observatorio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, desde Presidencia. Y una de las cosas que hemos visto es que el sistema colombiano, de cara a la lucha contra la corrupción, siempre ha sido muy punitivo y no preventivo. Como pasa en muchos gobiernos latinoamericanos, cuando hay un caso de corrupción, busco sancionar y una pena. Y yo creo que con tecnología podemos hacer todo esto de manera más predictiva, porque claramente hay patrones, maneras en las que se vulnera institucionalidad, sistemas de información, procesos contractuales; con tecnología podemos ser incluso prospectivos. Así que yo creo que estos proyectos de blockchain, aunque suenan mucho a eficiencia, a modernización de la entidad pública, sin lugar a duda, tienen un efecto profundo en legalidad y transparencia.
-Este ánimo de disminuir los niveles de corrupción en el país, de la mano de blockchain y otras tecnologías, ¿podría verse extendido al combate del lavado de activos, un fantasma que aún sobrevuela la economía colombiana, y del que se conversa en el ecosistema fintech?
-Absolutamente. Incluso un efecto que veo es que todos estos pilotos que estamos haciendo están fomentando todo el sector govtech, donde emprendimientos que usan tecnologías emergentes están resolviendo problemas públicos puntuales, y muchos relacionados a transparencia.