Por Nicholas Anthony, analista de políticas públicas del Centro para las Alternativas Monetarias y Financieras del Instituto Cato.
En un giro inesperado de los acontecimientos, los términos de servicio de PayPal se convirtieron en el documento de lectura obligada del fin de semana. Los lectores cuidadosos rápidamente notaron que el documento actualizado incluía la capacidad de PayPal de multar a los usuarios con US$2.500 por infracción por participar en comportamientos prohibidos como infligir la ley, discriminar a otros, vender o comprar “artículos que se consideran obscenos”, vender o comprar “ciertos materiales o servicios de orientación sexual”, o promover información errónea.
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Como empresa privada, PayPal es ciertamente libre de cambiar sus términos de servicio siempre que se mantenga dentro de los límites de la ley. Y como ciudadanos particulares, los usuarios también son libres de abandonar la plataforma y criticar a la empresa por sus elecciones. Pero en la medida en que los formuladores de políticas se sientan frustrados con el juicio de PayPal, o la falta de este, deberían usar este incidente para buscar solucionar el problema más grande: a saber, las leyes y regulaciones que restringen el mercado de servicios financieros.
Por ejemplo, el simple acto de enviar dinero se ha viso obstruido por leyes y reglamentos durante demasiado tiempo. Considere solo el proceso de registro para lo que se conoce como un negocio de transferencia de dinero (por ejemplo, negocios como PayPal, Venmo, Cash App, Western Union o MoneyGram): este proceso requiere licencias del gobierno federal y de casi todos los estados para operar. Más aún, estas empresas también se ven obligadas a reportar cada vez que la actividad financiera podría ser potencialmente ilegal o cuando las transacciones superan los umbrales mínimos. De hecho, fue a principios de este año que estas empresas se vieron obligadas a reportar transacciones comerciales de tan solo US$600 (anteriormente US$20.000) al Servicio Interno de Rentas (IRS).
El auge de las criptomonedas se debe en parte a las frustraciones con estas leyes, y otras, que han estado lastrando el sistema financiero heredado. Pero las criptomonedas se han retenido constantemente a medida que los formuladores de políticas intentan impulsar las leyes antiguas para su uso. Por ejemplo, apenas el mes pasado, el Departamento de Justicia aparentemente sugirió cómo le gustaría que se aplicaran las leyes para los servicios de terceros a las billeteras auto hospedadas (es decir, un equivalente digital de la billetera en su bolsillo o cartera). Antes de eso, la infame Ley de Infraestructura exigía que los mineros de criptomonedas reportaran información de transacciones a las que no tenían acceso.
El Congreso debería celebrar estas nuevas fuentes de competencia por los servicios financieros, no ahuyentarlos.
Aunque un vocero de PayPal dijo que el aviso “se envió por error” e “incluía información incorrecta”, este evento aún debería ser un recordatorio de por qué es mejor tener más opciones en el mercado, no menos.
*Este artículo de opinión fue publicado con anterioridad en ElCato.org.