Ley startup vuelve al Congreso de Diputados de España para su ratificación final

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La ley llegará a este último paso con el apoyo generalizado de los grupos parlamentarios, incluida la oposición.

La Ley de fomento del ecosistema de empresas emergentes, más conocida como Ley startup, retorna al Congreso de los Diputados para su ratificación final después de que el Senado la haya aprobado este miércoles con 237 votos a favor y 23 abstenciones.

La Cámara Alta introdujo en el texto varias enmiendas transaccionales, con lo que debió someterse a una tercera votación, pese a que la intención del gobierno era aprobarla sin cambios para que entrara en vigor cuanto antes.

De hecho, durante el trámite, varios diputados de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital mostraron su disconformidad por el alto número de vetos a enmiendas interpuestos por el Ejecutivo, que aplicó este derecho sobre aquellas enmiendas ya rechazas por el Congreso de los Diputados, como la extensión de la duración de la condición de startup a 7 años.

La ley llegará a este último paso con el apoyo generalizado de los grupos parlamentarios, incluida la oposición. Así, por ejemplo, el senador del Grupo Popular, Pablo Pérez, ha destacado las mejoras en torno a la atracción de talento y nómadas digitales que incluye el texto.

Este también reforma el sistema tributario y reducirá el impuesto de sociedades al 15% durante cuatro años a las empresas que adquieran la condición de startup, que deberá ser acreditada por Enisa, durante cinco años o siete en caso de empresas biotecnológicas.

Asimismo, también se ha reformado el régimen de las opciones sobre acciones, un modo de retribución muy típico del sector, y que ahora tendrán que tributar únicamente en el momento de venta de los títulos. Junto a estas reformas, también se ha elevado el umbral de inversión exenta de impuestos y los ‘carried interest’ de los gestores pasarán a ser considerados rendimientos del trabajo’.

En este último trámite, se han incluido varias enmiendas transaccionales que añaden algunos términos al texto, al tiempo que se modifican algunos aspectos de las ordenes ministeriales asociadas para reforzar la seguridad jurídica y se añade un nuevo supuesto para poder denegar la condición de ‘startup’ a una empresa en la que los socios «presenten riesgos». Además, se retiran las limitaciones al emprendimiento en serie.

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