Gobierno español estudia tomar medidas contra Cabify por polémica campaña publicitaria

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La campaña surge en respuesta al «decreto Ábalos» que prohibirá operar a los vehículos VTC en aquellas comunidades autónomas que no hayan legislado en este sentido.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España está analizando la posibilidad de tomar todas las medidas que se estimen oportunas frente a la campaña publicitaria lanzada por Cabify con referencias, tanto directas al Ministerio como personales a la ministra del ramo, Raquel Sánchez.

La campaña surge en respuesta al «decreto Ábalos» que prohibirá, a partir del 30 de septiembre, operar a los vehículos VTC en aquellas comunidades autónomas que no hayan legislado en este sentido.

Por eso, Cabify lanzó hace unas semanas una campaña en el municipio de nacimiento de la ministra (Gavá, en Barcelona) y donde fue alcaldesa antes de pasar al gobierno, en el que hacía una referencia personal: «R. Sánchez, tu Cabify te espera en Madrid», región esta última donde sí se ha regulado en favor de los VTC.

Asimismo, en otro cartel publicitario gigante en la fachada de un edificio se decía: «Los mismos políticos que no quieren que uses VTC han hecho 5.437 viajes en Cabify», basándose en los realizados desde la sede del Ministerio este año.

Frente a ello, el Departamento ha emitido una nota explicativa en la que defiende que el fin del periodo transitorio ya se conocía desde hace cuatro años y que en todo este tiempo ha colaborado con el resto de administraciones para facilitar la toma de decisiones por parte de las Comunidades.

«Desde el Ministerio, y desde el gobierno, se abordó desde el principio este reto desde una perspectiva global, con el objetivo de lograr en el ámbito urbano un equilibrio y competencia leal entre el sector del taxi y las VTC. Por ello, debían ser las CC.AA. y las entidades locales la que regularan los servicios exclusivamente urbanos», defiende el Departamento de Raquel Sánchez.

Respecto a los prórrogas solicitadas, recuerda que son las comunidades autónomas o los ayuntamientos los que deben analizar la concesión de posibles prórrogas al plazo inicial de cuatro años establecido en septiembre de 2018.

Asimismo, insiste en las medidas tomadas por el gobierno para ayudar al sector, como las subvenciones aplicadas en el marco de la pandemia, las líneas de financiación, las prestaciones extraordinarias a autónomas o los aplazamientos de pagos tributarios, entre otros.

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