El 5 de septiembre, el gobierno uruguayo presentó al parlamento una ley que acelera la regulación del sector.
El gobierno uruguayo introdujo un proyecto de ley en el Parlamento local, con el objetivo de acelerar la regulación del espacio de las criptomonedas en el país. El proyecti establece que será el banco central la autoridad reguladora de la industria.
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Presentado el 5 de septiembre, el proyecto de ley se esfuerza por aclarar el marco regulatorio del país para los activos de criptomonedas, estableciendo que todas las empresas que prestan servicios relacionados con los activos digitales, incluidas las ofertas iniciales de monedas (ICO), están bajo la supervisión de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF), una entidad del banco central.
Los exchanges de criptomonedas, los servicios de custodia y cualquier servicio financiero relacionado con estos activos digitales también deben adherirse a las regulaciones y mejores prácticas contra el lavado de dinero.
Además, el documento definió 4 tipos de activos digitales: stablecoins, tokens de gobernanza, activos negociables y tokens de deuda: “Si la actividad realizada con estos instrumentos implica el ejercicio de la intermediación financiera o de la actividad financiera, estará sujeta a la regulación y control del Banco Central del Uruguay”, dice el proyecto.
El año pasado, el senador uruguayo Juan Sartori presentó un proyecto de ley para regular las criptomonedas y permitir a las empresas aceptar pagos digitales, buscando “establecer un uso legítimo, legal y seguro en los negocios relacionados con la producción y comercialización de monedas virtuales”.
Este desarrollo es parte de una ola de legislación o regulaciones que están llevando a cabo los gobiernos o legisladores en América Latina. La Comisión de Bolsa y Valores de Brasil estaría tratando de cambiar su marco legal para reconocer los tokens como activos digitales o valores.
En agosto, el presidente de Paraguay vetó un proyecto de ley que buscaba reconocer la minería de criptomonedas como una actividad industrial, argumentando que el alto consumo de electricidad de la minería podría obstaculizar la expansión de una industria nacional sostenible.
