Chile: UAI y Consejo para la Transparencia promoverán uso responsable de IA en sector público chileno

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Ambas instituciones colaborarán en la elaboración de una Instrucción General (IG) de transparencia algorítmica que entregará lineamientos a organismos del Estado.

La Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y el Consejo para la Transparencia (CPLT), firmaron un convenio para que ambas instituciones colaboren en la elaboración de una Instrucción General (IG) de transparencia algorítmica.

La herramienta, jurídicamente vinculante, significará un importante avance en el uso responsable de la inteligencia artificial (IA) por parte del sector público chileno.

Así, por primera vez en América Latina, una entidad encargada de garantizar el derecho a acceder a información pública entregará lineamientos a organismos del Estado para transparentar los sistemas automatizados, algoritmos o IA que están utilizando, y que impactan directamente en servicios prestados a la ciudadanía.

Este trabajo del CPLT y la UAI, a través del proyecto Algoritmos Éticos, es liderado en la universidad por el GobLab UAI, el laboratorio de innovación pública de la Escuela de Gobierno.

De esta forma se posibilita, por ejemplo, que los usuarios conozcan información relevante sobre el funcionamiento de este tipo de instrumentos y la incidencia en la toma de decisiones: si se están comunicando con una persona o un chat automatizado; o si al postular a algún beneficio, subsidio o beneficio en una entidad pública, el proceso es apoyado por un modelo de decisión algorítmico.

Con la implementación de esta instrucción, cerca de 870 entidades públicas que están bajo la supervisión del CPLT, en materia de acceso a la información, deberán informar proactivamente en sus páginas web -sin necesidad de que haya solicitudes de por medio- ciertos aspectos de las tecnologías que están usando. Si bien el tipo de información a publicar se está definiendo aún a través de un proceso participativo, esta podría incluir especificaciones sobre el modelo y su proveedor, de dónde vienen los datos, y cómo se puede consultar o reclamar, entre otros.

En abril pasado se inició la primera etapa de esta iniciativa conjunta con la creación de tres mesas de trabajo en las que participaron funcionarios de 22 instituciones públicas. Próximamente, se comenzará a desarrollar un piloto con dos organizaciones para revisar la aplicabilidad de la instrucción. Finalmente, se realizará una consulta pública del borrador, con miras a su publicación en diciembre de este año.

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