Redacción Tekios
Por Mijael Feldman, CEO y cofundador de Getxerpa.
Durante estas últimas semanas los integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado han estado revisando el proyecto de Ley Fintech, ya aprobado en primer trámite constitucional por parte de la Cámara de Diputados. La normativa cuenta con discusión inmediata y busca regular a los emprendimientos tecnológicos en el ámbito financiero. A su vez, la comisión explora modelos que apunten a minimizar los riesgos para clientes e inversionistas, y que les permitan crecer como empresas.
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Fue a principios de septiembre pasado cuando el gobierno de Sebastián Piñera anunció el envío al Congreso de esta ley para su tramitación, una que para la gran mayoría del país podría ser una ley más, sin embargo, para las instituciones financieras tradicionales (bancos, cooperativas, Asociaciones de Fondos de Pensiones, Sociedades Anónimas Especiales), fintech e inversionistas, esta podría ser el primer paso para una real transformación de una industria que solo ha tenido cambios menores en los últimos 30 años.
¿Qué ocurrió en estas tres décadas? Entraron algunos bancos nuevos y se compraron otros más antiguos. Aparecieron nuevas AFP, cajas de compensación y cooperativas, y la forma de relacionarse de las personas con las instituciones financieras pasó del ir a una sucursal determinada a atenderse en cualquiera; de usar cheques a tarjeta de débito y crédito; de un ejecutivo a la banca web o móvil.
Pero lo que se aproxima es de marca mayor. La importancia de esta nueva norma es que para que alguno quiera convertirse en prestador de servicios financieros, la regulación existente antepone suficientes exigencias para asegurar que el consumidor final esté protegido y su dinero resguardado, sirviendo como filtro para el ingreso de nuevos competidores. Ahí es donde aflora la importancia de la Ley Fintech, que vendrá a regular una industria que en 2021 recibió inversiones por más de US$9.800 millones en Latinoamérica.
Su aporte será no menor, porque cuando hablamos de dinero, la palabra clave es confianza. Y aquello se alcanza cuando se regula una industria de modo de que todos los jugadores conocen los márgenes hasta dónde pueden operar, haciendo que los inversionistas arriesguen más capital, las personas usen a las fintech como su institución principal y el Estado esté tranquilo sabiendo que se están recaudando impuestos y protegiendo a los ciudadanos.
Es una reacción necesaria tras el surgimiento de las fintech, que vinieron a generar un cambio completo en la relación entre las instituciones financieras y los clientes. Ya no son estas las dueñas del cliente y sus datos, sino que es este usuario el que decide dónde está su dinero y quién maneja sus datos; en especial con el open banking y la posibilidad de que terceros accedan a la información de las personas a través de su consentimiento. Aquí el usuario puede elegir cómo y quiénes manejan su dinero, generando una competencia por entregar una mejor experiencia, menores costos y servicios más personalizados.
Como toda industria, esta tiene muchas aristas de servicios (pagos, préstamos, criptomonedas y open banking), así que pensar que se pueden regular todas al mismo tiempo es muy optimista; hay que partir por regular algunas y sobre eso avanzar para no retrasar la tramitación de la ley. Al regular al menos algo, habrá un gran ganador: todos los chilenos que buscan más alternativas para financiar sus necesidades, mejorar su salud financiera y alcanzar sus objetivos de corto y largo plazo.
Las fintech se mueven muy rápido, por eso el desafío de la norma es grande. Las verticales, las tecnologías usadas y los modelos de negocio son cada vez más variados, haciendo que el regulador quede cada vez más atrás si no legisla la industria como existe hoy.
Es importante mencionar que Getxerpa es una fintech chilena basada en México desde 2017, donde llegamos cuando se empezó a tramitar la misma ley en este país, y hemos sido observadores privilegiados de que tras su aprobación, el mercado azteca ha tenido a más de 120 instituciones financieras solicitando permiso para operar, aprobándose solo 58, una demostración de que la regulación funciona y protege al usuario.
