Proyecto contempla que sea el gobierno federal quien defina si el Banco Central será el responsable de establecer las reglas para bitcoin en el país.
La Comisión de Asuntos Económicos (CAE) del Senado de Brasil aprobó un proyecto de ley que regula bitcoin y las criptomonedas en el país. La sesión fue presidida por el senador Vanderlan Vieira Cardoso (PSD-GO).
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El senador Irajá (PSD-TO) es el ponente de las tres propuestas y presentó un sustituto al proyecto del senador Flávio Arns y recomendó el archivo de los demás asuntos. El ponente dijo que su texto tuvo en cuenta las sugerencias de las otras propuestas, de otros senadores, de miembros del gobierno y también de los debatientes que participaron en las audiencias públicas promovidas por el CAE.
“Es un proyecto que creamos junto con el Banco Central, con la CVM, junto con el IRS brasileño y varias otras entidades y empresas privadas. Estamos modificando el código penal para tipificar los delitos de pirámides financieras y otros delitos de fraude con criptomonedas con una pena de prisión de 4 a 8 años. Nuestro objetivo es fomentar el negocio con las criptomonedas y proteger a los inversores”, dijo el senador Irajá, ponente del PL.
El sustituto define que el Poder Ejecutivo será el encargado de definir qué organismos regularán y supervisarán los negocios con criptomonedas. La propuesta del ponente es que el Ejecutivo establezca normas alineadas con los estándares internacionales para prevenir el lavado de dinero y la ocultación de activos, y combatir las actividades de las organizaciones criminales.
“Estamos perdiendo mucho tiempo, necesitamos regular esto urgentemente”, dijo el presidente de la comisión, el senador Vanderlan Vieira Cardoso (PSD-GO).
Sin embargo, la aprobación del PL se produjo en la Comisión de Asuntos Económicos, por lo que aún no se convertirá en ley porque depende, entre otras cosas, de la aprobación en el Pleno del Senado. Después pasa a la Cámara de Representantes, que es la cámara revisora del Senado y, sólo entonces, para la sanción presidencial.
“Voto por el sí al proyecto y felicito al senador Irajá por la iniciativa junto a los demás órganos de gobierno. Tenemos que dar un paso sí en la regulación de este mercado con todo el cuidado para que la legalidad se imponga en todos los pasos con todas las garantías para los que quieren invertir y emprender en este mercado que es parte del futuro y del día a día ahora y durante las próximas generaciones”, destacó el senador Flávio Bolsonaro.
ACTIVOS VIRTUALES
El texto aprobado en el Senado también define los activos virtuales como una representación digital de valor que puede ser negociada o transferida por medios electrónicos y utilizada con fines de pago o inversión. Es decir, las monedas que se negocian exclusivamente por Internet, excluyendo de esta lista las monedas soberanas (emitidas por los gobiernos) y las monedas electrónicas.
En el texto, el ponente clasifica al proveedor de servicios de activos virtuales como la empresa que realiza, por cuenta de terceros, al menos uno de los servicios: canje de criptomonedas (cambio por moneda soberana); intercambio entre una o más criptomonedas; transferencia de activos virtuales; custodia o administración de estos activos o instrumentos de control de activos virtuales; o participación en servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor o la venta de activos virtuales.
La propuesta del ponente es que el Ejecutivo establezca normas alineadas con los estándares internacionales para prevenir el lavado de dinero y la ocultación de activos, y combatir las actividades de las organizaciones criminales. La senadora Soraya propuso y el ponente mantuvo la idea de crear un Registro Nacional de Personas Expuestas Políticamente (CNPEP).
El proyecto también aborda los principios para los agentes de las criptomonedas, como la protección del ahorro popular, el celo por la seguridad de la información y el cuidado con la protección de los datos de los clientes. También prevé una pena de cuatro a ocho años de prisión, además de una multa, para quienes cometan fraude en la prestación de servicios de activos virtuales.