El máximo responsable de la entidad ecuatoriana también reconoció que están haciendo esfuerzos para mejorar la inclusión financiera de sus ciudadanos.
En las últimas horas se conoció que otro país latinoamericano sentará posición sobre las criptomonedas. Se trata de Ecuador que, a través de su Banco Central, confirmó que no reconocerá a las criptomonedas, como bitcoin, como monedas de curso legal sino que serán tratadas dentro de la categoría de activo de inversión.
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Según adelantó Guillermo Avellán, el gerente de la entidad, en diálogo con Bloomberg Línea, estos activos digitales tendrán una categoría diferente a la de moneda de curso legal.
“El Banco Central está trabajando en un proyecto que permita regular las criptomonedas, teniendo presente que el Código Monetario establece que el dólar es la única moneda de curso legal en el país. Pero estamos trabajando en una regulación que será presentada ante la Junta Monetaria para que la revise y apruebe”, agregó Avellán y adelantó que no las reconocerán como legales, como El Salvador, sino que dispondrán límites legales y tributarios a su uso y comercialización.
Sin embargo, reconoció que las criptomonedas “son una realidad y no podemos estar al margen de eso”, a lo que agregó que “hay que tener muy presente que las criptomonedas son un activo de inversión, pero dada su alta volatilidad es muy complicado considerar alguna como moneda de curso legal”.
“Vamos a trabajar en el primer trimestre del 2022 para que esta regulación pueda ser revisada y aprobada entre el segundo y el tercer trimestre del año por parte de la Junta Monetaria”, adelantó.
“Queremos evitar cualquier tipo de abuso o ilegalidad que se pueda presentar, porque ha habido casos de lavado de activos, lamentablemente, y la regulación también debe considerar estos escenarios”, resaltó Avellán y subrayó que todos los ecuatorianos deben tener acceso a información clara sobre para qué y cómo pueden utilizar las criptomonedas.
El máximo responsable de la entidad ecuatoriana también reconoció que están haciendo esfuerzos para mejorar la inclusión financiera de sus ciudadanos, expresando que hoy “la mitad de la población no tiene acceso a una entidad financiera”.