Tekios conversó con el Coordinador de Investigación del Centro de Competencia sobre el agitado momento que vive el mercado de pagos en Chile, con judicializaciones que ensombrecen el presente de la industria fintech del país.
-El debate sobre las amenazas a la libre competencia se ha atizado en el país, al considerarlos parte de la llamada “crisis del modelo chileno”. En términos generales, ¿consideras que Chile tiene una deuda importante en esta materia, en diversos mercados? ¿Cuánto han influido los problemas de vinculación entre política y negocios para que el empresariado y la clase política no se interesen lo suficiente en el impulso estratégico que significaría implementar mejoras sistémicas a la libre competencia?
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–En términos generales, no pareciera que el funcionamiento del régimen de libre competencia esté vinculado a la crisis. Chile cuenta con una activa y eficaz institucionalidad de libre competencia, con avanzadas y poderosas atribuciones.
Tras los casos más bullados de la última década, especialmente en materia de colusión, surgió una convicción generalizada y transversal de que hay ciertas conductas empresariales que no pueden permitirse y, por lo mismo, se consideran hoy parte de los ejemplos de “abuso” en el debate público. Y en este sentido, el funcionamiento del sistema ha contribuido a dar mayor visibilidad de los ilícitos.
De hecho, luego de cada caso emblemático se han dado más atribuciones y se ha fortalecido la institucionalidad, lo que de alguna manera muestra que es parte de la solución antes que del problema.
Y si se miran de cerca, estas nuevas atribuciones son muy poderosas comparadas con lo que existe en otros ámbitos de intervención pública: aparecieron más herramientas de persecución contra la colusión, nuevas herramientas de estudios de mercado o de control de concentraciones.
-Está en desarrollo un agitado debate sobre el mercado de pagos en Chile -que tiene su origen a inicios del 2000-, producto del cual Transbank ahora último ha ido perdiendo reputación y quizás poder, al pasar desde un esquema de tres a otro de cuatro partes, lo que permitirá la entrada de otros adquirentes. Pero algunas voces ya hablan de que se pasará al duopolio de Visa y Mastercard. Banco Santander también ha expresado su escepticismo al respecto. ¿Cuál es su opinión?
-En esta materia existe un consenso regulatorio importante entre distintas instituciones de que el país necesita dar el paso hacia el mercado de cuatro partes. El Tribunal de Competencia, la Comisión para el Mercado Financiero, la Fiscalía Nacional Económica, el Banco Central, todas instituciones públicas, técnicas e independientes, han dado muestras de que este es el camino a seguir para mejorar el mercado de pagos y con ello, avanzar en beneficio de comercios y consumidores.
La industria todavía está a la espera de regulaciones importantes que pueden determinar los incentivos de los actores y cómo se comporte el mercado, así que habrá que dejar pasar algo de tiempo para evaluar las virtudes y desafíos de este cambio estructural en los medios de pago.
Con el nuevo modelo se abren distintos segmentos o subsegmentos, con componentes tecnológicos y de innovación, que debieran permitir mayor desconcentración y la participación de nuevos actores. Esta fue justamente la idea con la preferencia por el mercado de cuatro partes.
-El ruido dentro del mercado de pagos en Chile, producto de la accidentada implementación del “modelo de cuatro partes”, según los miembros del ecosistema fintech hace ver al mercado local menos atractivo para que grandes inversionistas internacionales inviertan en empresas disruptivas enfocadas al sistema financiero. ¿Consideras que los problemas de competencia le han restado competitividad al país, cuánto influyen?
-En nuestro país, el sistema de competencia funciona en general bajo reglas claras y transparentes, conocidas por los actores. La transición que vive el mercado de pagos chileno es difícil y abre naturalmente muchas preguntas, las que, al manifestarse ante un tribunal, se analizan en forma abierta y transparente. Será razonable hacer un juicio crítico a esta transición una vez que pase algo de tiempo y ahí corresponderá revisar cómo fue esa transición.
-Finalmente, ¿qué relevancia le adjudicas a la fijación de tasas de intercambio como una medida que efectivamente asegure que las comisiones sean fijadas con montos inferiores a las que se cobraban con el mercado de tres partes? ¿Qué dice la experiencia internacional?
-En el procedimiento ante la Fiscalía Nacional Económica por la Proposición Normativa de 2017, primero, y el TDLC después, se hizo una extensa revisión de los modelos y el marco regulatorio en jurisdicciones avanzadas que sirvieron de referencia a la propuesta del tribunal. Las tasas de intercambio actúan como mecanismo para equilibrar los incentivos entre los lados del mercado y, en general, se recomienda que se hagan por una autoridad pública.
Afortunadamente, en otros países hay suficientes años de experiencia y estudios que abordan cuál es el efecto de fijarlas en tal o cual forma. Como todo proceso tarifario, es un asunto complejo, que debe ponderar muy bien sus implicancias y debe hacerse de una manera técnica e independiente.