Surge Plataforma Denaria, para defender el dinero en efectivo y la inclusión financiera en España

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EUROPA PRESS (Foto de ARCHIVO)

El 90% de los españoles defiende la permanencia del efectivo como método de pago y 77%, además, lo califica de bien público.

La Plataforma Denaria, creada para la defensa del efectivo como «herramienta de inclusión financiera», ha echado a andar este miércoles en España con un acto de presentación en el que ha subrayado que el 90% de los españoles defiende la permanencia del efectivo como método de pago.

Dicho dato forma parte de las conclusiones de la Encuesta sobre la necesidad de permanencia del dinero efectivo, encargada por Plataforma Denaria a GAD3, entre las que destaca también que más del 70% de la población considera que el efectivo es necesario y 77%, además, lo califica de bien público.

La encuesta, que se ha realizado telefónicamente a 1.001 ciudadanos representativos de la población residente en España, apunta que una amplia mayoría de españoles (el 87%) ha abogado por garantizar a los consumidores los pagos en efectivo.

La Plataforma Denaria nace con vocación de ser transversal a toda la sociedad y de congregar a asociaciones y empresas en la defensa del efectivo como método de pago y alternativa segura, sostenible y accesible a toda la población.

Así, se encargará de «velar por los intereses de quienes ven en el efectivo una herramienta de inclusión financiera para los diferentes segmentos de la población, promover la libertad de elección de los consumidores sobre la forma de pago y concienciar sobre la importancia del efectivo como infraestructura crítica en la economía, especialmente en situaciones de crisis», ha señalado el presidente de la Plataforma Denaria, Javier Rupérez, según recoge un comunicado.

En la presentación de la plataforma y del informe también han participado el presidente de GAD3, Narciso Michavila, el presidente de Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), Luis Cayo Pérez Bueno, el director general de Anged (Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución), Javier Millán Astray.

Del estudio se desprende que para el 68% de la población española, hasta 24 millones de personas, es importante disponer de efectivo en su día a día. La relevancia del efectivo aumenta entre los segmentos de población más mayor -más de 79% de los mayores de 65 años- y en las zonas menos pobladas -74% de los ciudadanos de localidades de menos de 10.000 habitantes.

Según los resultados, actualmente más de 14 millones de españoles utilizan el efectivo a diario como principal medio de pago, el 41% de la población mayor de 18 años, aunque este porcentaje aumenta considerablemente entre los mayores de 65 años, ya que para el 63% de ellos el efectivo es su forma de pago más habitual.

Además, casi 3 de cada 4 españoles (el 74%) considera que todos los establecimientos deberían aceptar siempre el pago en efectivo, y el 82% de los españoles se muestra totalmente en contra de que se limite la posibilidad de pagar en efectivo, mientras que 83% es contrario a que solo se acepten pagos con tarjeta.

Por otro lado, la defensa del efectivo es igualmente mayoritaria entre aquellos que declaran ser usuarios habituales de los pagos con tarjeta, con 84% de ellos contrarios a que desaparezca el efectivo y solo existan métodos de pago electrónicos.

DIFICULTADES PARA PAGAR EN EFECTIVO

Sin embargo, para 58% de la población cada vez hay más barreras a la hora de acceder al efectivo y su uso se ha restringido en el último año para el 76% de los encuestados.

En este sentido, Michavila ha constatado que «más de 2,5 millones de personas reconoce que ha tenido alguna dificultad para pagar en efectivo en el último año y 88% de los españoles asegura que el uso de las formas de pago digitales excluye a determinados estratos sociales».

«La desmonetización puede perjudicar a sectores económicos clave en este momento y, además, puede ser un motivo de exclusión de una parte importante de los españoles, como son los mayores, las personas con discapacidad o aquellos ciudadanos que viven fuera de las grandes ciudades y que, por lo tanto, tienen mayor dificultad de acceso a sistemas digitales de pago o son socialmente más vulnerables», ha agregado.

Para Pérez Bueno, el efectivo constituye «un bien social de primera magnitud, un mecanismo de participación y socialización, que empodera a personas y grupos que de otro modo quedarían enormemente debilitados en términos de inclusión», por lo que ha defendido que «el efectivo debe ser blindado legalmente, dejado siempre en la persona el poder de decisión de usar el medio de pago que libremente elija, en función de sus preferencias y circunstancias».

«La unidimensionalidad forzada en los medios de pago en favor de las transacciones electrónicas aumentaría exponencialmente la vulnerabilidad no solo financiera, sino también social de las personas con discapacidad», ha advertido.

Por su parte, Millán Astray ha señalado que «el sector del Comercio no apuesta por ningún medio de pago concreto, pero defiende la plena libertad de los ciudadanos para utilizar el medio de pago que mejor se adapte a sus necesidades. Por ello, el comercio ha trasladado su firme oposición a las restricciones al efectivo recientemente aprobadas en España ya que representa un obstáculo al crecimiento del consumo toda vez que resulta ser un medio de pago utilizado mayoritariamente por los ciudadanos».

A juicio de Rupérez, «es importante construir un marco regulatorio que establezca la obligatoriedad de aceptar el dinero en efectivo, como garantía de inclusión social, alternativa de pago en situaciones de emergencia, y factor de competencia en una situación de creciente dependencia y concentración digital».

PREOCUPACIÓN POR LA PRIVACIDAD

Por otra parte, el 78% de los consultados -hasta 27 millones de personas- muestra preocupación por la exposición y filtración de sus datos personales y por el conocimiento que pueda tenerse de las cantidades depositadas en sus cuentas bancarias.

A este respecto, Rupérez ha advertido de que «la creciente dependencia de mediadores tecnológicos no europeos, que aspiran a controlar la actividad de las personas y empresas, representa un reto en términos de privacidad, seguridad y libertad», lo que implica «un problema especialmente grave para aquellas personas con un perfil económico o social de mayor vulnerabilidad o menor disponibilidad de recursos».

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