Un gran escándalo de corrupción amenaza la inclusión digital de las zonas rurales de Colombia

Una licitación por más de US$500 millones para instalar 14.475 centros digitales en las zonas rurales del país, se ha visto manchada por irregularidades en la adjudicación, documentos falsos y más de US$17 millones que están perdidos.

Los hallazgos de la periodista Paola Herrera, de W Radio, tienen en graves aprietos a varios personajes cercanos al gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, entre ellos, su ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), Karen Abudinen.

Abudinen, que hace poco lanzó un espacio de experimentación blockchain para combatir la corrupción, no parece haber reaccionado a tiempo a los múltiples señalamientos realizados durante el proceso de adjudicación del plan para instalar 14.475 centros digitales en las zonas rurales del país.

Ante aquel silencio, las consecuencias inevitables del caso ya afectan los planes urgentes del gobierno de Duque de disminuir el rezago digital de las zonas apartadas del país, una problemática que la pandemia ha vuelto evidente.

UNA LICITACIÓN QUE OLÍA MAL

Las primeras alarmas se escucharon en diciembre pasado, durante la audiencia de adjudicación de dos contratos que suman más de US$500 millones. W Radio alertó que el abogado de uno de los consorcios proponentes (Ses Inred), Camilo Valencia Suescún, era al mismo tiempo, y desde hace años, asesor del despacho de la ministra Abudinen; además, que tenía otro contrato con la Comisión de Regulación de las Comunicaciones.

Un claro conflicto de intereses al que la Red de Veedurías de Colombia respondió con un documento que hizo público la cadena radial: «Se solicita se rechace la propuesta del oferente representado por Camilo Valencia, ya que se está rompiendo la igualdad de oportunidades y la transparencia del proceso, además los principios de la contratación pública», zanjó la entidad.

El Ministerio hizo oídos sordos y después de dos días de suspensión reanudó el proceso de licitación, al considerar que «se lleva a cabo de manera transparente y sin irregularidades».

Pero otros hallazgos periodísticos continuaron demostrando que la licitación estaba viciada. W Radio encontró anomalías graves en muchas de las empresas que conformaban los consorcios: se caracterizaban por la falta de experiencia, a veces total, en el ramo de las telecomunicaciones; también, por llevar a cuestas vergonzosos y pasados líos de corrupción, aunque estos rasgos destacaban, sobre todo, en el proponente Unión Temporal Centros Poblados de Colombia.

Para colmo de males, se había descalificado a muchos de los conglomerados por asuntos mínimos, habilitando a un grupo donde estaba Unión Temporal Centros Poblados de Colombia.

Una de las descalificadas fue la firma China Great Wall Industry Corporation, uno de los consorcios con mayor experiencia, pero que había sido objetado por argumentos legales que muchos consideran irrazonables. Días después, el consorcio chino presentó un derecho de petición al Ministerio, pidiendo que «se habilite su oferta y que se declare sin valor ni efecto el informe final de evaluación». El recurso que fue rechazado.

El proyecto para la instalación de 14.475 centros digitales en las zonas rurales, finalmente, fue adjudicado a dos consorcios, Comcel S.A (Claro Colombia) y a la Unión Temporal Centros Poblados, mientras que el oferente representado por el ex asesor del Mintic, Camilo Valencia, quedó fuera del proceso de licitación, por no alcanzar el puntaje requerido.

Parecía estar casi todo bien. Casi, porque aunque uno de los ganadores, Unión Temporal Centros Poblados, despertó muchas suspicacias, recelo que la ministra trató de despejar: «Aquí no gana el que tenga mayor experiencia, gana el que daba mayor número de centros, mayor velocidad y mayor tiempo», justificó ante los medios.

EL ESCÁNDALO

Seis meses después, en junio de este año, cuando el cronograma dictaba que se debería haber ejecutado 14% del proyecto, UT Centros Poblados registraba 1% de ejecución y no había instalado un solo centro digital después de haber recibido un anticipo de 7%, aproximadamente US$17,5 millones, según denunció en su momento W Radio.

Comcel-Claro también presentaba atrasos en la ejecución, pero ya tenía instalados 700 puntos en algunas de las zonas adjudicadas.

Los dos consorcios, expuestos a la opinión pública, solicitaron una ampliación de los plazos, mientras que la ministra Abudinen seguía defendiendo la legitimidad del proceso.

Pero llegó la tormenta. Gracias a la investigación de W Radio se supo que las tres garantías bancarias, supuestamente emitidas por el Banco Itaú, y presentadas por UT Centros Poblados para poder firmar el contrato con el Ministerio, eran falsas. Ante esta situación, el MinTic se vio obligado a declarar la caducidad del contrato 1043, de 2020, firmado con la Unión Temporal Centros Poblados para instalar cerca de 7 mil puntos digitales en zonas apartadas del país. 

Las tres garantías falsas habían pasado todos los filtros, tanto del gobierno como el de una interventoría privada (SES Colombia) que había sido contratada para esta tarea, y que hoy también es investigada. Pero ahí no para todo: la mayor parte del dinero del anticipo, US$17,5 millones, había salido del país hacia una empresa en Estados Unidos (Nuovo Security), y el resto había sido girado a una empresa instalada en la ciudad colombiana de Barranquilla (Inselsa).

A la investigación del mega contrato por parte de la W Radio se sumaron los organismos de control, la procuraduría y la fiscalía. Y se siguen sumando otras anomalías que siguen apareciendo a un ritmo diario: un gran entramado de intermediarios, conexiones dudosas y falsedades que indican que detrás del escándalo hay una maquinaria de corrupción muy bien aceitada.

Mientras tanto, la ministra Abudinen, que todavía tiene el respaldo del presidente Iván Duque, promete que va a recuperar ese dinero ante una opinión pública que pide su cabeza.

La piden porque deben cobrarle la palabra, que cumpla la promesa que instaló, por ejemplo, en una entrevista con la revista Forbes, en 2020, donde la ministra se refirió así al paquete de proyectos donde destacaba el de centros digitales: «Estos proyectos son los más ambiciosos que ha tenido Colombia en su reciente historia. Ningún municipio o centro poblado se quedará por fuera de los beneficios que ofrece la era digital, pero especialmente en aquellos que están en la Colombia profunda, allá donde no llegan las oportunidades por tratarse de zonas muy alejadas o de escasos recursos».

Esos centros poblados de los que habló la ministra hoy están tristes por esta tormenta política y de corrupción. No son pocos los que la sufren. Hay 20 millones de colombianos que no tienen acceso a internet de banda ancha, servicio cuya suscripción representa el 12% del salario promedio para el 40% de la población más pobre; casi el doble que Chile o México, y cuatro veces mayor que el promedio de la OCDE; y sólo el 17% de los estudiantes rurales tiene internet y computador, según el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana. Estas son las víctimas reales de este escándalo que parece reírse de esa población excluida digital y financieramente.